En una sesión decisiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México determinó que la Reforma al Poder Judicial continuará vigente debido a que no se alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para invalidarla. Con un intenso debate que reunió opiniones encontradas entre los ministros, el fallo de hoy representa un avance para la implementación de cambios en el sistema judicial que han generado tanto respaldo como críticas en distintos sectores.
Para que la reforma fuera declarada inconstitucional, la SCJN requería al menos ocho de los once votos, número que no se logró alcanzar en la votación de esta sesión. De esta manera, las modificaciones impulsadas en la reforma seguirán en curso, manteniendo en vigor disposiciones que afectan desde el funcionamiento interno de los tribunales hasta los criterios para la selección y desempeño de jueces y magistrados.
Durante la sesión, algunos ministros señalaron que ciertos aspectos de la reforma pueden poner en riesgo la independencia judicial y la imparcialidad en la toma de decisiones, alertando sobre posibles implicaciones para la autonomía del Poder Judicial. Sin embargo, otros ministros defendieron que la reforma responde a la necesidad de modernizar el sistema judicial, mejorar el acceso a la justicia y combatir la corrupción en las instituciones.
La vigencia de la reforma implica la implementación de nuevos mecanismos de supervisión y control dentro del Poder Judicial, así como una reestructuración de algunos procesos judiciales que buscan agilizar los tiempos de respuesta en los tribunales. Estas disposiciones continuarán aplicándose mientras no se emita una nueva resolución que cuestione la constitucionalidad de la reforma.
La sesión de la SCJN atrajo la atención de juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes observan de cerca el desarrollo de esta reforma y sus implicaciones para la justicia en México. El fallo de hoy podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio de poderes y la independencia judicial en el país.