La conclusión del periodo de Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar al frente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco obliga a una reflexión incómoda: ¿realmente valió la pena la inversión institucional realizada durante casi ocho años?
Desde 2018, la Fiscalía Anticorrupción contó con presupuesto propio, estructura administrativa, agentes del Ministerio Público, policías investigadores, personal técnico y recursos materiales financiados con dinero público. Es decir, operó con recursos provenientes de los impuestos de las y los jaliscienses bajo la premisa de combatir frontalmente la corrupción.
Sin embargo, el dato más contundente al cierre de la gestión es difícil de ignorar: 18 sentencias condenatorias en casi ocho años.
Si se considera el volumen de carpetas iniciadas —miles de investigaciones abiertas— el porcentaje de efectividad en términos de condenas resulta reducido. La distancia entre el discurso institucional de combate a la corrupción y el número de resoluciones firmes genera cuestionamientos legítimos sobre la eficiencia del modelo implementado.
Más allá de las explicaciones técnicas sobre salidas alternas o complejidades del sistema penal acusatorio, el indicador que mide el impacto real ante la sociedad es claro: ¿cuántos actos de corrupción concluyeron con sanción penal firme?
La respuesta numérica es limitada.
En comparación con otras fiscalías estatales que han logrado mayores cifras de sentencias en periodos similares, el desempeño en Jalisco deja la impresión de una institución que no logró consolidarse como un instrumento eficaz de disuasión ni como referente nacional en combate a la corrupción.
A ello se suman señalamientos públicos recurrentes sobre presunta selectividad en los casos y críticas respecto a la falta de resultados en asuntos de alto impacto. Aunque dichas percepciones forman parte del debate público y no constituyen resoluciones judiciales, sí influyeron en la narrativa social sobre la Fiscalía durante estos años.
El punto central es estructural: una institución diseñada para combatir la corrupción no puede medirse solo por el número de investigaciones iniciadas, sino por la calidad y contundencia de sus resultados finales.
Cuando el costo operativo de una dependencia especializada es elevado y los resultados condenatorios son escasos, el debate deja de ser político y se vuelve administrativo: eficiencia, rendimiento y retorno institucional frente al gasto público.
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco cierra un ciclo con actividad procesal relevante, pero con un número de sentencias que abre preguntas sobre la proporcionalidad entre recursos ejercidos y resultados obtenidos.
El reto para la siguiente etapa será demostrar que el combate a la corrupción puede traducirse en sanciones efectivas y no únicamente en estadísticas de investigación.
