Ciudad de México. El diputado federal Sergio Mayer Bretón, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que solicitará licencia temporal a su encargo para participar en el programa televisivo La Casa de los Famosos, decisión que ha generado debate sobre la prioridad que debe darse a la función legislativa frente a actividades de carácter privado o de entretenimiento.
De acuerdo con la normativa parlamentaria, los diputados federales pueden solicitar licencia para separarse del cargo por tiempo determinado, previa aprobación del Pleno. La Constitución y la Ley Orgánica del Congreso no establecen un catálogo cerrado de causas para concederla, lo que en la práctica permite que la licencia sea otorgada bajo distintos supuestos, siempre que el órgano legislativo lo avale.
No obstante, la decisión ha sido objeto de cuestionamientos en la opinión pública. Diversas voces han señalado que, si bien la licencia es una figura legal, la participación en un reality show no constituye una causa de fuerza mayor ni una razón institucional que justifique la separación del encargo para el cual el legislador rindió protesta constitucional.
El artículo 128 de la Constitución establece que todo servidor público, sin excepción, debe protestar guardar y hacer guardar la Carta Magna y las leyes que de ella emanen. Bajo esa premisa, críticos sostienen que el mandato legislativo implica una responsabilidad permanente de representación popular que, aunque jurídicamente delegable mediante suplencia, políticamente demanda dedicación prioritaria.
En contraste, defensores de la decisión argumentan que el mecanismo de licencia precisamente existe para permitir la separación temporal sin afectar la integración formal de la Cámara, ya que el suplente asume las funciones correspondientes, garantizando la continuidad legislativa.
El debate de fondo no radica en la legalidad del procedimiento —que está previsto en el marco normativo— sino en la dimensión ética y política de la decisión: si la participación en un programa de entretenimiento es compatible con la responsabilidad pública asumida ante el electorado.
El caso reabre la discusión sobre los estándares de compromiso que deben observar los representantes populares y sobre el equilibrio entre derechos individuales y deberes institucionales, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor profesionalismo y concentración en las tareas legislativas.
