Guadalajara, Jalisco. La diputada local Mónica Paola Magaña Mendoza, integrante de Movimiento Ciudadano, se encuentra en el centro de un debate público luego de emitir un posicionamiento relacionado con un asunto de carácter personal, documento en el que se ostenta con su cargo y utiliza el logotipo oficial del Congreso del Estado de Jalisco.
El hecho consta a través de su cuenta personal en la red social denominada «X» bajo el perfil de usuario @MonicaMgn. Situación que ha generado cuestionamientos en distintos sectores, principalmente por la posible confusión entre la esfera privada y la investidura pública. Especialistas en derecho administrativo y transparencia señalan que la identidad gráfica y los elementos institucionales están destinados a la comunicación oficial de actividades legislativas, posturas parlamentarias o asuntos estrictamente vinculados al ejercicio del cargo, no a situaciones personales.
Aunque los diputados conservan plenamente sus derechos individuales para expresarse sobre asuntos propios, el debate surge cuando dicha manifestación se realiza bajo la investidura formal del cargo y con recursos simbólicos del Poder Legislativo. La discusión no gira necesariamente en torno al contenido del mensaje, sino al uso de la representación institucional para un asunto que no forma parte de la función legislativa.
De acuerdo con principios generales de responsabilidad administrativa en el servicio público, los recursos materiales, humanos e incluso de imagen institucional deben destinarse exclusivamente a fines oficiales. El logotipo y la papelería oficial forman parte de esos activos públicos, cuyo uso indebido podría dar lugar —en su caso— a revisiones internas o procedimientos ante instancias competentes, dependiendo de la naturaleza del acto.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la apertura de alguna investigación. Sin embargo, el episodio reaviva el debate sobre los límites entre la vida privada de los servidores públicos y el ejercicio de su encargo, así como sobre la importancia de preservar la neutralidad y formalidad de los símbolos institucionales.
El caso también coloca nuevamente en la discusión pública la necesidad de fortalecer criterios claros sobre comunicación institucional y responsabilidad en el uso de la investidura, particularmente en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones depende, en buena medida, de la congruencia entre la función pública y la conducta de quienes la desempeñan.
