Designan a Manzanilla Aznárez como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, tras alcanzar el consenso necesario durante la sesión del Pleno legislativo celebrada esta semana.
El nombramiento se dio luego de un proceso institucional en el que el Poder Legislativo analizó la terna remitida por el Ejecutivo estatal, como parte del mecanismo previsto en la Constitución local y en el Sistema Estatal Anticorrupción. Finalmente, Manzanilla Aznárez obtuvo el respaldo mayoritario de las y los diputados, lo que le permitirá encabezar la Fiscalía Anticorrupción por un periodo de siete años, una vez que rinda protesta de ley.
Trayectoria y perfil técnico
El nuevo fiscal cuenta con experiencia en el servicio público estatal y, previo a su designación, se desempeñaba en un cargo de carácter jurídico dentro del Gobierno de Jalisco. Su perfil fue evaluado junto con el de otros aspirantes durante las comparecencias realizadas ante comisiones legislativas, en las que se expusieron planes de trabajo y criterios para el fortalecimiento del combate a la corrupción en la entidad.
Durante el proceso, el Congreso estatal sostuvo que la elección buscó garantizar idoneidad, capacidad técnica y conocimiento del marco legal, elementos considerados clave para una institución encargada de investigar delitos cometidos por servidores públicos y particulares vinculados con hechos de corrupción.
Importancia del cargo
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es una pieza central del Sistema Estatal Anticorrupción, al tener la responsabilidad de integrar carpetas de investigación, ejercer acción penal y coordinarse con otras instancias de control y fiscalización. Su titular cuenta con autonomía técnica para el desarrollo de sus funciones y tiene el reto de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
Con esta designación, el Congreso de Jalisco da por concluido el relevo institucional en la Fiscalía Anticorrupción, cuyo nuevo titular deberá dar continuidad a los trabajos en curso y responder a los desafíos pendientes en materia de transparencia, rendición de cuentas y sanción de conductas ilícitas dentro del servicio público.
