La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, derivada de la iniciativa presidencial, y la turnó al Pleno para su discusión.
El dictamen, que fue aprobado por 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, contempla reformas al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La nueva norma busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para combatir este delito de alto impacto, definir su tipo penal, establecer sanciones de seis a quince años de prisión y fijar agravantes para conductas de extorsión. Además, actualiza diversos ordenamientos en materia penal y judicial para homologar criterios en todo el país.
Entre los aspectos más relevantes de la ley destacan la persecución de oficio del delito de extorsión , la protección integral a víctimas y testigos, y la creación de mecanismos seguros de denuncia. También se establecen 34 agravantes cuando se combinen otros delitos, y se fijan multas de hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La legislación define las bases para prevenir, investigar y sancionar la extorsión en todo el territorio nacional, fortaleciendo las herramientas jurídicas y operativas del Estado para combatir este delito. El artículo 15 define la conducta delictiva y detalla las sanciones para quienes obliguen a otros a realizar o tolerar actos con fines de lucro o daño patrimonial.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera (Morena), destacó que la nueva ley unifica criterios en todo el país y brinda mayor eficacia a la persecución del delito de extorsión. Señaló que se trata de una herramienta moderna que fortalece la colaboración institucional, da mayor protección a las víctimas y actualiza el marco legal penal.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena), reconoció que la aprobación de esta ley representa un avance en la estrategia nacional de seguridad. Recordó que, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los homicidios dolosos han disminuido en 32 por ciento.
En su intervención, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti (Morena) enfatizó la necesidad de endurecer las sanciones cuando los responsables de la extorsión sean servidores públicos. En ese sentido, el legislador propuso impulsar medidas capaces de combatir la corrupción y la delincuencia subrayando los casos donde autoridades se encuentran ligados a estas prácticas.
Desde el Partido Acción Nacional, el diputado César Israel Damián Retes recordó que el delito de extorsión afecta directamente a las familias y a los comerciantes, quienes padecen amenazas y el cobro de piso. Por ello, consideró indispensable realizar ajustes que garanticen que la ley se traduzca en un combate efectivo.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) detalló que la iniciativa fortalece la cooperación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como la participación ciudadana en la prevención del delito. Señaló que se trata de una legislación integral que promueve una estructura sólida de investigación y persecución penal, orientada a erradicar la extorsión en todas sus modalidades.
Por el Partido del Trabajo, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja sostuvo que la tentativa de extorsión también debe castigarse, pues el daño se genera desde la intención misma del delito. Argumentó que la nueva ley representa un paso importante en la lucha contra los grupos criminales y en la protección de quienes son víctimas potenciales de estas conductas.
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) expresó preocupación por la posibilidad de que se admitan pruebas obtenidas con violaciones a derechos humanos, por lo que adelantó que presentará una reserva en lo particular para evitar retrocesos en materia de debido proceso y justicia penal.
Fuente: Canal del Congreso
