Lo que debía ser un cierre solemne de sesión en la Comisión Permanente del Senado se convirtió en un momento de tensión máxima. Tras entonarse el Himno Nacional, el líder priista Alejandro “Alito” Moreno subió a la tribuna para exigir la palabra al presidente de la mesa, Gerardo Fernández Noroña (Morena), quien había cerrado la sesión sin concederle participación.
De pronto, la confrontación se tornó física: Moreno empujó y lanzó manotazos contra Noroña, quien intentaba retroceder sin responder, alegando su condición de funcionario y una postura defensiva. En medio de la escena, resultó lesionado un colaborador de Noroña, Emiliano González, quien fue derribado y atendido por los servicios médicos.
Las imágenes del altercado, difundidas en redes sociales y medios, captaron la atención inmediata del país. La sesión será retomada en una convocatoria extraordinaria de la Comisión Permanente para el viernes, donde se discutirán posibles sanciones, incluido el desafuero de los involucrados.
Reacciones desde el poder político
La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, calificó los hechos como muestra de “autoritarismo”, recordando que los espacios legislativos deben privilegiar el diálogo, no la violencia. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y otros legisladores también condenaron el uso de la fuerza en un recinto de discusión parlamentaria.
Por su parte, Fernández Noroña presentó denuncias penales por agresión y amenazas de muerte, tanto a su persona como a su colaborador, y adelantó que buscará el desafuero de Moreno y de otros priistas implicados. Moreno, en cambio, defendió sus actos como una respuesta provocada y anunció “resistencia civil” contra lo que calificó como un “régimen dictatorial”.
Este incidente debe servir como punto de inflexión para impulsar reformas en el reglamento del Senado que garanticen la integridad y el respeto en el ejercicio legislativo. Se podría promover la instalación de protocolos claros para resolver disputas y fomentar la formación en temperancia política entre legisladores. Solo mediante un fortalecimiento institucional podrá restaurarse la confianza ciudadana en la representatividad del Congreso.
