Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado avalaron la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual eleva las penas para quienes cometan este ilícito, al pasar de un rango inicial de seis a 15 años a un nuevo esquema que fija un máximo de 25 años de prisión.
Esta nueva norma se concibe como un instrumento para combatir de manera integral la extorsión, por lo que contempla la creación de unidades especializadas en fiscalías federales y locales, así como lineamientos para la capacitación y certificación del personal encargado de investigar este delito. El proyecto deberá ser aprobado en el pleno.
Dentro del documento, se incorporó la obligación de que las autoridades responsables de aplicar la ley bajo criterios de respeto pleno a los derechos humanos, un principio que originalmente no se encontraba en el documento enviado por la Cámara de Diputados.
En el análisis también se precisó que los servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten o permitan la comisión de extorsiones recibirán penas que van desde los 15 hasta los 25 años de cárcel, además de incrementos de tres a cinco años adicionales; asimismo, se establecen sanciones específicas para quienes omitan denunciar o introduzcan dispositivos ilícitos en centros de reclusión.
Al intervenir, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral (Morena) calificó el trabajo de la colegisladora como excepcional, ya que estableció una base sólida para atender un fenómeno delictivo que, aseguró, exige respuestas de Estado y correcciones puntuales para fortalecer su alcance.
La senadora Nora Ruvalcaba Gámez (Morena) enfatizó que la norma no debe entenderse únicamente como un ajuste penal, ya que —dijo— se convierte en un mecanismo para pacificar comunidades, reconstruir la convivencia y consolidar instituciones, además de establecer un tipo penal homologado en todo el país.
Por su parte, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) recordó que el desafío principal será la correcta implementación, ya que de ello dependerá que la ley realmente inhiba la extorsión y no se limite a enumerar sanciones sin eficacia práctica.
La senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) observó que el país precisa un tipo penal federal actualizado que sirva como referencia nacional; desde su perspectiva, unificar criterios permitirá investigaciones más homogéneas, aunque insistió en la necesidad de garantizar recursos suficientes para que policías, fiscalías y tribunales locales puedan cumplir su papel.
El senador Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) afirmó que la reforma aporta herramientas jurídicas indispensables para lograr el correcto actuar de las instituciones de seguridad y dotarlas de una mayor capacidad para enfrentar la creciente incidencia delictiva asociada a la extorsión.
A su vez, la senadora Lizeth Sánchez García (PT) expresó que este delito ha lastimado profundamente a familias y negocios, por lo que consideró que la aprobación de la ley representa un acompañamiento a quienes han vivido bajo amenaza y han optado por callar por miedo.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno (MC) confió en que los ajustes realizados permitirán atender uno de los delitos más frecuentes del país, catalogado por el INEGI como el tercero con mayor prevalencia en 2024 y con un nivel de denuncia prácticamente nulo, superior al 97 por ciento.
Fuente: Canal del Congreso