Aprueba la Cámara de Diputados reforma a la Ley de Amparo
Después de un debate de más de dieciséis horas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo, reglamentaria a los artículos 103 y 107 constitucionales. Dentro de la iniciativa se establece que dicho mecanismo procederá cuando la persona quejosa demuestre una afectación jurídica real. El dictamen se remitió al Senado para su discusión.
La iniciativa que fue aprobada en lo general por 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, ajusta disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En lo particular se obtuvo 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones. El pleno aprobó dos propuestas de modificación. La primera de ellas, presentada por el diputado Ricardo Mejía donde se precisa la aplicación de la sustentación provisional en un acto de gobierno, mientras la segunda propuso eliminar el término “interés público” por considerar que atenta contra la figura.
Dentro del proyecto se amplía en 90 días naturales el tiempo para dictar sentencia de amparo, el cual será empleado por el Tribunal de Disciplina Judicial. Otro de los temas relevantes es la incorporación de herramientas digitales en el proceso judicial, al incluirlas en la solicitud del juicio de amparo.
El proyecto incorpora una nueva causal para promover el juicio de amparo indirecto en los casos relacionados con actos de ejecución o cobro de créditos fiscales derivados de resoluciones firmes. En estas situaciones, el amparo únicamente podrá interponerse hasta el momento en que se publique la convocatoria de remate, y su análisis se limitará a las posibles violaciones ocurridas durante el desarrollo del procedimiento.
Al fundamentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) destacó que el proyecto elimina el concepto de retroactividad establecido en el Senado de la República. Detalló que la suspensión del acto reclamado se mantiene como herramienta esencial de protección, pero integran medidas para evitar abusos.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena) señaló que la iniciativa fortalece la seguridad jurídica, ya que protege la figura de abusos. Afirmó que la iniciativa busca fortalecer la justicia social, al garantizar que el juicio de amparo permanezca como una herramienta al servicio del pueblo y no de intereses particulares. Enfatizó que esta figura seguirá garantizando la defensa de los derechos humanos conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución.
En contraste, el diputado Elías Lixa Abimerhi, del PAN, advirtió que con la reforma se aleja la defensa para los más necesitados, ya que debilita este instrumento desde el cual se ha frenado a los abusos de autoridad. Subrayó que este principio, concebido en una época de lucha por la soberanía estatal, se convirtió en uno de los pilares del constitucionalismo mexicano y en un instrumento esencial para la defensa de los derechos humanos.
Por el Partido Verde Ecologista de México, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón destacó que la función principal del amparo para hacer frente a los abusos de la autoridad. En ese sentido, aseguró que la reforma moderniza el sistema judicial al integrar la tecnología y promover una justicia “más rápida, transparente y coherente con el sistema fiscal”.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, respaldó la iniciativa al señalar que “representa un avance en el sistema jurídico mexicano” y busca que el juicio de amparo sea más accesible y eficiente. Explicó que la digitalización de procedimientos reducirá costos y tiempos, al tiempo que combatirá la opacidad. “Esta reforma no restringe derechos; los amplía y fortalece el acceso colectivo a la justicia”, afirmó.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) rechazó el dictamen al considerar que los cambios atentan contra la presunción de inocencia y contra resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante su intervención, el legislador argumentó que la reforma desmantela los avances en la materia, ya que elimina el interés legítimo, debilitan la suspensión y tienen un trasfondo recaudatorio.
El diputado de Movimiento Ciudadano ,Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, calificó el proceso legislativo de la reforma como “viciado y apresurado”, y señaló que con esta reforma se anula un amparo efectivo para millones de mexicanas y mexicanos. Cuestionó que la iniciativa se justifique con argumentos fiscales.
Fuente: Canal del Congreso